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Problemas menores

29 de marzo 2017 feria judicial

Querer cambiar el código penal de un día para otro es para los políticos de turno un anzuelo muy fácil de morder. De lograrlo instalarían rápidamente un sistema de crueldad y mano dura pocas veces visto en nuestro país.

Bajar la edad de imputabilidad implica dar un volantazo para poner un problema encima del otro o bien el carro adelante del caballo. Vuelvo a remitirme a las cifras. En los últimos años el régimen penal juvenil se fue asimilando al de adultos creando verdaderas cárceles para adolescentes, que aumentaron al ritmo de la cantidad de detenidos menores de 18 años: hoy alojan a 600 jóvenes. Además, la implementación del sistema de promoción y protección fue altamente deficitario y vaciado de presupuesto y está lejos de cumplir con los objetivos que la ley promovía en su origen para reeducar y luego reinsertar a los menores. 

En cuanto a la edad de la población detenida, los partes del Servicio Penitenciario Bonaerense no ofrecen información. Según el último Informe del RUD, el 66% de los detenidos a disposición del Poder Judicial provincial tenía,-a diciembre de 2015, menos de 30 años, el 21% tenía entre 30 y 40 años, y el 13%, más de 40. Como se ve, la prisionización disminuye a medida que aumenta la edad de las personas. Cabe destacar que la cantidad de menores de 30 años creció 16 puntos porcentuales respecto de 2014, cuando representaban el 50% de la población detenida.

Con los institutos colapsados las comisarias se ven “obligadas” a alojar a los menores que cometen delitos violando así sus derechos y garantías en forma constante. Pedir en forma pública que se baje la ley de imputabilidad es hoy en día alzar la voz a favor del colapso de detenidos y una clara violación a los derechos humanos. 

La inversión en infraestructura carcelaria que intenta llevar adelante la gobernadora María Eugenia Vidal a fin de cambiar la realidad tiene buenas intenciones pero es un proyecto a largo plazo, mientras tanto la inversión debe estar apuntada a educar a los menores que tienen conflicto con la ley. 

Invocar el procesamiento de menores presume un pensamiento peligroso, infiere sacarse el problema de encima, implica no hacerse cargo de la responsabilidad social que tienen las instituciones para contener y mejorar los valores y condiciones de quienes delinquen. 

Por último debemos ver que las condiciones en materia de infraestructura aún no están dadas para alojar más y más jóvenes. Primero deben resolverse esos “problemas menores” y luego construir de abajo hacia arriba una política integral y efectiva para erradicar los delitos pero no a quienes los cometen a pesar de que lamentablemente es el anhelo de muchos.